Corea del Sur destituye al presidente Yoon Suk Yeol por imponer ley marcial

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ratificó este viernes la destitución del presidente Yoon Suk Yeol, tras considerar que su decisión de imponer brevemente una ley marcial en diciembre pasado representó una grave violación al orden constitucional y democrático del país.

Con esta sentencia, Yoon queda oficialmente removido del cargo, el cual ya había sido suspendido provisionalmente, y se deberá convocar a elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días, según establece la legislación surcoreana.

La crisis política se originó entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de diciembre, cuando Yoon ordenó la intervención del Ejército en la Asamblea Nacional, interrumpiendo el orden civil bajo el argumento de enfrentar una supuesta amenaza del régimen norcoreano y la presencia de elementos "antiestatales" en el Parlamento. Aunque la medida duró pocas horas, provocó un fuerte impacto político y económico en este aliado estratégico de Estados Unidos en Asia.

El presidente, un exfiscal conservador, fue suspendido por el Parlamento mediante una moción de destitución y posteriormente arrestado bajo cargos de insurrección, delito que en Corea del Sur puede ser penado con cadena perpetua o incluso con la pena de muerte.

“El Tribunal Constitucional, con el acuerdo unánime de todos sus jueces, declara la destitución del presidente Yoon Suk Yeol”, anunció el magistrado principal Moon Hyung-bae durante la lectura de la sentencia, que se extendió por 23 minutos. Según el fallo, las acciones del exmandatario “violaron los principios fundamentales del Estado de derecho y del gobierno democrático”.

Moon detalló que Yoon no solo decretó la ley marcial, sino que también movilizó fuerzas militares y policiales para obstaculizar el funcionamiento de la Asamblea Nacional, lo que calificó como una traición a la confianza del pueblo y una violación grave de la Constitución.

Además del proceso político, Yoon enfrenta una causa penal por insurrección que podría derivar en severas sanciones judiciales.